En medio de la “asfixia” financiera desde Nación, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, creó el Régimen de uso responsable y optimización funcional de Servicios de Comunicaciones Móviles, que regula el uso de celulares en el ámbito de la administración pública.

El Decreto 1183/24, publicado en el Boletín Oficial, busca adoptar medidas para “racionalizar y optimizar” dicho uso, con el objetivo de “lograr el máximo de eficiencia”. De esta forma, pretenden afinar el criterio para asignar los teléfonos y controlar su devolución, reposición, reparación y uso.

En detalle

En paralelo, se creó el reglamento que establece los detalles de la nueva regulación que alcanza a toda la administración pública provincial centralizada, descentralizada y organismos de la Constitución.

Según la norma, podrán acceder a un teléfono móvil quienes tengan un rango o jerarquía no inferior a director provincial o equivalente. Además, cada equipo tendrá servicios de un plan comercial estándar que, si se supera, los gastos extra “deberán ser solventados por cada usuario”.

En este marco, la administración bonaerense fijó prohibiciones. La Dirección Provincial de Telecomunicaciones, que estará a cargo de ejecutar el nuevo régimen, tendrá una nómina de servicios “no permitidos” que los funcionarios no podrán usar.

Dentro de esta lista, se incluye la prohibición de “la utilización de servicios de comunicaciones móviles vinculados a programas de entretenimiento televisivos, ringtones y/o melodías, donaciones de cualquier índole y otras de similares características”.

Respecto al uso de servicios de discado directo internacional o roaming internacional, la Dirección de Telecomunicaciones podrá autorizar a ministros secretarios y funcionarios del Poder Ejecutivo con rango y jerarquía equivalente a utilizarlo, y renovar el permiso cada 30 días si es pertinente.