La diputada bonaerense del bloque UCR+Cambio Federal, Belén Malaisi, lanzó un proyecto de ley que busca que parte de la recaudación de los municipios proveniente de la siembra en banquinas de las rutas provinciales, se destine a las escuelas rurales locales.

En concreto, propuso modificar el artículo 6 de la ley 10.342, que autoriza a los municipios a otorgar permisos de uso a favor de terceros para potenciar la siembra en banquinas y que establece que el 60% del dinero recaudado debe ser utilizado por el Consejo Escolar local.

En ese sentido, el proyecto dispone que el 70% de los fondos que perciben los Consejos Escolares deban utilizarse en las escuelas rurales del distrito, mientras que el 30% restante esté dirigido a la infraestructura edilicia, material didáctico, equipamiento y a los gastos de funcionamiento del organismo.

Cambio por cambio

Según la normativa vigente, del 40% restante de la recaudación por la siembra en banquinas, que no se destina a lo escolar, un 20% va para las asociaciones de bomberos voluntarios o entidades de bien público, y un 20% para el mantenimiento de la red vial municipal.

En ese marco, la iniciativa de Malaisi introduce otro cambio más: que un 10% del 20% que va a parar al mantenimiento de la red vial municipal, se redirija a la infraestructura de entidades públicas que colaboran con las escuelas rurales, como bibliotecas populares o clubes sociales.

De esta manera, la distribución de la recaudación total se repartiría en un 60% para los Consejos Escolares, un 20% para los bomberos voluntarios, un 10% para las redes viales municipales, y un 10% para la infraestructura de entidades de bien público.

Asimismo, Malaisi propone modificar el artículo 2 de la Ley 10.342, para que los permisos de uso que los municipios le brindan a terceros para explotar agrícolamente la siembra en banquinas aumente de un año a dos, para darle “más previsibilidad” a la actividad.

“Estas reformas no suponen la erogación de ningún recurso presupuestario, sino por el contrario es una reforma pensada desde la funcionalidad misma de la norma, para hacerla más práctica y razonable para una ruralidad que necesita más atención por parte del Estado”, explicó Malaisi.