Mientras las papas queman dentro de La Libertad Avanza a raíz de la caída de la Ley Ómnibus, el oficialismo busca dar un batacazo con la derogación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

El proyecto fue presentado por la diputada Rocío Belén Bonacci con el objetivo de dejar atrás la derrota política. Además de solicitar la derogación de la Ley 27.610, busca retrotraer los artículos del Código Penal que la ley aprobada en 2020 modificaba.

De esta manera, se volvería a penalizar "con reclusión o prisión de uno a cuatro años" a quien causare el aborto en cualquier etapa de gestación y reinstalaría la "inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena" a los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que participaran del aborto.

El proyecto elimina figuras claves como el consentimiento de la mujer para realizar el aborto y suprimiría el artículo 85 bis de la ley vigente, que reprime "con prisión de tres (3) meses a un (1) año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena" a quien "dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare" a practicar un aborto.

Asimismo, se modificaría el artículo 88 del Código Penal: “Será reprimida con prisión de uno (1) a tres (3) años, la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare”, que actualmente aplica de tres meses a un año a quien lo realice  luego de la semana 14.

El proyecto además plantea que “la tentativa de la mujer no es punible”, por lo que “El juez podrá disponer que se exceptúe de la pena a la mujer en atención a los motivos que la impulsaron a cometer el delito, su actitud posterior, y la naturaleza del hecho”.

La iniciativa fue acompañada por los diputados Benedit Beltrán, María Fernanda Araujo, Lilia Lemoine, Manuel Quintar y el presidente del bloque libertario y Oscar Zago.