Mientras desde la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA) denunciaron una “persecución política” a la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich por la movilización del 27 de diciembre, desde el gobierno de Javier Milei buscan condicionar la presencia masiva el 24 de enero.

“El 24 de enero, cuando la CGT movilice, se aplicará el protocolo antipiquetes porque la gente tiene el derecho a circular”, avisó la ministra de Seguridad.

De la otra vereda, la CTA Autónoma salió a denunciar persecución y volvió a rechazar las sanciones y multas que fueron impuestas por la ministra de Seguridad. El documento lleva la firma del conductor de la central sindical, Hugo Godoy, quien sostuvo firmemente que “las afirmaciones e intimaciones de esos funcionarios son ilegítimas, improcedentes y mendaces”.

“Esas intimaciones contra sindicatos y movimientos sociales son un burdo intento de amedrentamiento de los actores sociales en el legítimo ejercicio del derecho a manifestarse. Frente a esos intentos de sanción ministeriales, la CTAA ratifica derechos reconocidos de forma constitucional, como la libertad sindical, de huelga, de expresión, de peticionar a las autoridades, de reunión y de resistencia”, puntualizó el documento.

Para finalizar, alertaron también sobre la posibilidad de que “se encuentren lesionados de manera seria los derechos políticos consagrados en el artículos 23 de la Comisión Americana de Derechos Humanos (CADH)” y aseguraron que todo esto es parte de “un abuso de autoridad”.