

En reclamo contra el Decreto de Necesidad y Urgencia del presidente Javier Milei, las farmacias nucleadas en la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) bajarán sus persianas durante una hora a partir del mediodía y presentarán un recurso de amparo ante la justicia.
Según afirmó el titular de la entidad, Ricardo Pesenti, la presentación judicial tendrá lugar a las 13, junto al cese de actividades en farmacias a lo largo del país, entre las 12 y las 13 horas.
La protesta incluirá una concentración frente al Palacio de Tribunales, para reafirmar su rechazo al decretazo que “lleva a la destrucción a la profesión farmacéutica” y “pone en extrema vulnerabilidad la salud de los argentinos”.
Tras ser uno de los primeros sectores que manifestó su repudio, Pesenti afirmó que “no es una medida política; de hecho, muchos farmacéuticos votaron a este gobierno”, y advirtió que “hay desconocimiento de las consecuencias graves que trae este DNU”.
“Con el argumento falso de bajar el precio de los medicamentos, el DNU lleva a la destrucción de la profesión farmacéutica, minando 20 artículos de la Ley 17.565 de ejercicio profesional”, sostuvo la Confederación Farmacéutica en un comunicado.
La postura de las farmacias sobre el DNU
El DNU 70/2023, mediante la modificación de la ley 17.565, indica que: "La preparación de recetas, la dispensa de drogas, medicamentos, y de especialidades farmacéuticas que requieren recetas, solo podrán ser efectuadas en todo el territorio de la Nación en farmacias habilitadas".
Por el contrario, deja afuera el fragmento que especificaba que "los medicamentos denominados de venta libre deberán ser dispensados personalmente en mostrador por farmacéuticos o personas autorizadas para el expendio", indicó la COFA.
A su vez, deja sin efecto que "la venta y despacho fuera de estos establecimientos se considera ejercicio ilegal de la farmacia y, sin perjuicio de las sanciones establecidas por la ley, los que la efectúen podrán ser denunciados por infracción al Código Penal".
En ese escenario, los farmacéuticos denunciaron que el DNU atenta contra la profesión y la salud de los ciudadanos y “lleva al fin de las farmacias que están en los barrios más alejados”, en beneficio de las grandes cadenas.