La Cámara Federal, informó que la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, seguirá siendo investigada en la causa conocida como la “ruta del dinero k”, por la que ya fueron condenados a prisión el empresario santacruceño, Lázaro Báez, sus hijos, y el arrepentido, Leo Fariña.

Fuentes judiciales, comunicaron que la decisión fue por dos votos a uno, donde los jueces hicieron lugar a un planteo de una ONG que se convirtió en querellante en la causa, y revocó el sobreseimiento de la exjefa de Estado, que había firmado el juez, Sebastián Casanello, a instancias del fiscal, Guillermo Marijuan y con el aval de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de la Unidad de Información Financiera (UIF).

No obstante, la orden de reabrir la investigación sobre CFK se trató de una decisión dividida, el letrado, Eduardo Farah votó en minoría por rechazar el planteo. Los magistrados, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, en cambio, hicieron lugar al reclamo de la asociación civil Bases Republicanas, ligada al macrismo.

Cabe destacar que la suerte de la reapertura de la causa parecía un secreto a voces cuando el 17 de agosto la Cámara Federal, con la misma conformación, aceptó a esa ONG como querellante. Fue también en esa sintonía que la defensa de CFK sostuvo que estaba siendo perseguida políticamente y pidió la recusación de los dos jueces Bertuzzi y Llorens que habían hecho lugar a ese nuevo acusador.

Un poco de historia

El caso, conocido como La ruta del dinero K, comenzó en abril de 2013, y gran parte de esa investigación ya se debatió en juicio. Allí Lázaro Báez fue condenado junto a otros 17 imputados, entre ellos sus hijos, por haber llevado adelante maniobras millonarias de lavado de dinero, que rondaron los 55 millones de dólares.

En instrucción, se tramitó la acusación contra Cristina Kirchner, señalada por su vinculación en esas presuntas maniobras de lavado. Fue la única causa en la que fue llamada a declarar y no fue procesada.

“No tuve que ver con estas maniobras, ni directa ni indirectamente”, dijo CFK cuando fue llamada a indagatoria. “Jamás me apoderé de dinero ilícito alguno”, agregó. El juez Sebastián Casanello dictó su falta de mérito, confirmada en marzo de 2019 por la Cámara Federal, que -no obstante- ordenó una serie de medidas a profundizar.

Luego, ante el pedido de sobreseimiento, la asociación civil Bases Republicanas buscó ser parte de la causa. Valeria Viola, presidenta de la entidad, indicó que Lázaro Báez y su grupo actuaron como testaferros por cuenta y orden de Néstor y Cristina Kirchner. En aquel momento, el juez Casanello rechazó a la entidad como querellante.

Para finalizar, la Cámara Federal hizo lugar a que fuera querellante y quedó en condiciones de resolver si caía el sobreseimiento de Cristina Kirchner. Por mayoría, el fallo ordenó este martes volver a investigar a la vicepresidenta que el 10 de diciembre se aleja de la función pública.