La Procuración General de la Nación tiene que expedirse sobre el expediente que reclama que se declare la inconstitucionalidad de la re reelección de los intendentes bonaerenses. Si esta iniciativa tiene el aval de la Justicia generaría un altísimo impacto político ya que más de 90 mandatarios Comunales llevan 2 o más períodos en el cargo.

La Corte Suprema de Justicia nacional, que viene de frenar las aspiraciones reeleccionistas de Sergio Uñac en San Juan, le pidió al procurador general, Eduardo Casal, que dictamine sobre el expediente de los jefes comunales. Si bien la resolución de éste no es vinculante, casi siempre va en sintonía con lo que después resuelve el máximo tribunal.

En este marco, Casal decidirá si el tribunal encabezado por Horacio Rosatti debe intervenir en el caso que tomó impulso luego de la presentación de Oscar Héctor Alva, titular del partido País bonaerense. También solicitó que se suspendan las elecciones PASO que el gobernador Axel Kicillof convocó para el 13 de agosto si antes de esa fecha no resolvió el caso.

La presentación busca que se declare como inconstitucional el artículo 4 de la ley 15.315 bonaerense, una normativa sobre la reelección de intendentes impulsada durante la gestión de Kicillof que modificó otra sancionada en tiempos de María Eugenia Vidal.

Asimismo, el partido País sostiene que “no existen argumentos jurídicos razonables que permitan justificar la regresión normativa e institucional republicana que supondría otorgar a algunos pocos el privilegio de permanecer en el poder, mucho más aún, si consideramos a la democracia sustancial sostenida por los derechos fundamentales y los derechos humanos como la base de sustentación del estado constitucional y convencional de derecho argentino”.

Para finalizar, señala que el artículo 4 de la ley 15.315 “genera una objetiva afectación al principio republicano” ya que incumple el artículo 5 de la Constitución Nacional que fija que “Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional”.