domingo 11 de enero de 2026 - Edición Nº2594

Legislativas | 3 feb 2023

Pedido de informe

Juntos pide que Kicillof informe la elaboración del CUD 2023

El objetivo es que el Ejecutivo provincial certifique en detalle que datos se utilizaron para el cálculo del Coeficiente Único de Distribución del corriente año.


El senador bonaerense Marcelo Daletto, con el acompañamiento del bloque Juntos, presentó un pedido de informes para que el Ejecutivo provincial certifique en detalle que datos se utilizaron para el cálculo del Coeficiente Único de Distribución (CUD) 2023, tras la reciente publicación de los datos correspondientes al Censo 2022. 

“De diferentes recursos provinciales y Nacionales, el 16,14% se coparticipa a los Municipios representando para 2023 un monto de $840.000 millones", expresó el legisaldor.

No obstante, detalló que "este monto se distribuye por un coeficiente conformado por: 37% a Municipios con establecimientos de salud; un 5% a Municipios con servicios sociales transferidos y un 58% de acuerdo a los siguientes ítems: un 62% teniendo en cuenta la población, un 23% por la capacidad contributiva per cápita, y un 15% basado en la superficie del distrito”.

Datos comparativos

“Como se dio a conocer días atrás con la publicación del Censo 2022, son diferentes los datos estimados con los cuales se elaboró el CUD 2023 y los datos reales de la población. Por ejemplo, en el caso de La Matanza, la población que arrojó el Censo 2022 fue de 1.837.774, mientras que la proyectada 2022 utilizada para elaborar el CUD de este año fue de 2.374.149, es decir, 536.375 personas más”, planteó

Un caso opuesto fue el de General Pueyrredón que “tiene 682.605 habitantes según el Censo 2022 y para calcular el CUD se estimaron 662.430 personas, o sea, 20.175 ciudadanos menos”, dijo Daletto.

Habiendo marcado su postura, pidió que el "Estado provincial, como el primer responsable frente a la sociedad, garantice la transparencia y el acceso a la información que se utilizó para conformar el CUD 2023. Esperamos puedan corregirse todas aquellas distorsiones que afectan los principios de igualdad, legalidad y solidaridad que deben primar en el régimen de coparticipación municipal”.
 

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