La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación comenzará a resolver si abre el proceso de remoción a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, en función de un proyecto que es impulsado por el presidente, Alberto Fernández, por considerar que los magistrados del máximo tribunal incurrieron en "mal desempeño" en varios de sus fallos.

Cabe destacar que la Comisión es presidida por la legisladora del Frente de Todos, Carolina Gaillard (Entre Ríos) y están convocados para las 11 horas para comenzar a analizar los expedientes que plantean el juicio político a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Asimismo, el oficialismo cuenta con el número necesario en la comisión de juicio político para firmar el dictamen del proyecto, pero no con la mayoría de dos tercios que se precisa para aprobar el texto en el recinto de la Cámara baja.

Bajo ese escenario,  la intención del Frente de Todos es comenzar hoy con el análisis de los expedientes y definir el esquema de trabajo ya que el primer paso de la comisión será establecer si son admisibles los pedidos de juicio político y allí el oficialismo tiene mayoría para imponer su criterio.

Además, se estima que en 15 días comenzará la etapa de apertura del sumario a prueba, que se prolongará hasta fines de marzo, aproximadamente, para recabar las pruebas relacionadas con los pedidos de enjuiciamiento a los ministros de la Corte.

El proyecto

En el proyecto de resolución, que elaboraron los diputados encabezados por Eduardo Valdés, se toma como base el documento impulsado por el Presidente, pero se agregaron además nuevas denuncias para ser investigadas a lo largo del proceso, entre ellas una sobre el manejo de la obra social del Poder Judicial.

En el texto, de 410 páginas, los diputados sostienen que deben ser citados como testigos "todos los directores, secretarios, funcionarios y/o empleados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que hayan tenido intervención y/o pudieran aportar datos de interés respecto de los hechos denunciados".

Y agrega: "El enjuiciamiento político, en el que se acusa y se intenta destituir a jueces de la Corte Suprema de Justicia, es una instancia excepcional en la que se persigue la determinación de la responsabilidad política del gobernante".

En sintonía, plantea que "el mal desempeño de los jueces de la Corte Suprema de Justicia se pone en evidencia cuando el magistrado no aplica o decide contra el Derecho en vigor o carece de aptitudes morales o intelectuales para el cumplimiento de la tarea".

Para finalizar, el documento esgrime: "Ese mal desempeño, se encuentra afianzado en una composición homogénea de resoluciones jurisdiccionales que demuestran inequívocamente una interpretación infiel y dañina para el orden jurídico del Estado, en cuya cima, la Constitución resulta espectacularmente violada".