El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, presentó una denuncia penal contra la presidenta del Pro, Patricia Bullrich, y el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman, por los delitos de administración fraudulenta, violación de los deberes de funcionario público y contratación de espías.

El documento de la demanda, sostiene que la maniobra consistió en "simular contrataciones inexistentes para hacer figurar erogaciones salariales que no reconocen causa alguna, haciéndose del dinero supuestamente abonado a los espías, que jamás habrían desempeñado funciones en la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal".

Además, Fernández detalla que, con la firma de Bullrich, se emitieron distintas resoluciones durante 2017, "mediante las que se contrató, por el término de un año, a 18 espías para supuestamente desempeñarse en la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal".

Según se consigna, los haberes de los espías se llegaron a liquidar, pero los empleados de la Agencia Federal de Inteligencia no solo nunca habrían trabajado para esta dependencia, sino que tampoco habrían sido los que recibieron los sueldos.

Cabe destacar que, en la denuncia, se estima que el perjuicio económico contra el Estado nacional por esa maniobra de Bullrich y Milman habría sido de $1.787.260. 

En esa línea, el ministerio de Seguridad intimó a los 18 supuestos espías para que informen sobre las funciones cumplidas. "Comparecieron tan solo tres personas y se entabló comunicación telefónica con una cuarta del grupo de presuntos agentes", detalla la denuncia, que recayó en el juzgado de Daniel Rafecas. 

El ministro sostuvo que los supuestos espías "en todos los casos negaron haberse desempeñado en la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y/o haber prestado funciones en el Ministerio de Seguridad de la Nación", añadiendo que los aparentes agentes afirmaron que jamás pusieron un pie en la sede de la cartera.

Para finalizar, Milman también, fue imputado por el fiscal, Carlos Stornelli por dádivas en una causa por tener la tarjeta azul de un vehículo que pertenece a una empresa que fue proveedora del Estado nacional y del Ministerio durante su gestión.