La fiscal federal, Paloma Ochoa, solicitó que se le amplíe la declaración indagatoria al exministro de Energía del gobierno de Mauricio Macri, Javier Iguacel, en la causa en la que se lo investiga por haber dictado en 2018 una resolución que obligaba a los usuarios a compensar a las distribuidoras de gas por los efectos de la devaluación.

Asimismo, la magistrada, presentó un dictamen ante la jueza federal, María Servini para que le amplíe la declaración al exfuncionario, beneficiado con una “falta de mérito” en esta causa, tras detectar que al momento de dictar la resolución cuestionada era tenedor de acciones de YPF S.A., controlante a su vez de Metrogas S.A., por lo que debió haberse abstenido de hacerlo.

Para la fiscalía, las decisiones y acciones adoptadas por Iguacel “evidenciaron su interés directo en beneficiar a las empresas distribuidoras de gas, garantizando un ingreso económico extraordinario y fraudulento en perjuicio de usuarios-consumidores y del propio Estado Nacional”.

Cabe destacar que, en el dictamen, la fiscal sostuvo que el 4 de octubre, cuando dictó la resolución, “decidió deliberadamente violar los deberes y obligaciones” que le correspondían como secretario de Energía del Ministerio de Hacienda, dado que tenía en su poder acciones de una empresa que se vería beneficiada con su decisión.

Además, Ochoa reseñó en su escrito que el entonces funcionario nacional emitió la resolución aun cuando una intervención de esas características le había sido desaconsejada por la Oficina Anticorrupción (OA) y que para ello habría engañado tanto a esa oficina como a la administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

“Iguacel incurrió en falsedad al responder el requerimiento que le cursara la Oficina Anticorrupción pues, en sentido opuesto al que a la postre informara, al 31 de octubre de 2018 sí disponía de un conjunto de acciones de YPF S.A.”, sostuvo la fiscal.

Las declaraciones juradas falsas 

En el escrito reseña todas las instancias en las que el exfuncionario habría incurrido en el mismo tipo de falsedad al presentar declaraciones juradas ante distintos organismos del Estado.

El 13 de agosto de 2019, en tanto, el exfuncionario presentó ante la OA su declaración jurada patrimonial integral correspondiente al año 2018 donde, según la investigación judicial, volvió a incurrir en la misma presunta falsedad.

Para finalizar, en la acusación inicial, la fiscalía afirmó que aquella resolución fue dictada en detrimento de los "usuarios-consumidores, en cuya cabeza fijó la obligación de abonar un aumento tarifario indebido, como así también, subsidiariamente, en perjuicio del Estado Federal argentino”.