Carlos Beraldi, abogado de la vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en la “Causa Vialidad”, presentó un “recurso de Casación” para que evalúe las recusaciones presentadas contra los fiscales del caso y algunos de los miembros del tribunal, después que trascendieran vínculos entre algunos de ellos, y visitas a la Casa Rosada durante el gobierno de Mauricio Macri.

El recurso fue presentado ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2, que encabeza el juicio, para que sea elevado ante la Cámara Federal de Casación Penal y se analice si corresponde que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola; y los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini sigan interviniendo en el juicio.

En este sentido, Beraldi detalló una serie de elementos que generan temor de parcialidad: "El fiscal Mola mantenía reuniones en la propia Casa de Gobierno -en donde tenían sus despachos los principales actores de la Mesa Judicial de Macri-, en la sede de la AFI -desde donde se articulaban maniobras de espionaje ilegal en contra de la Dra. Cristina Fernández de Kirchner- y en el Ministerio de Seguridad de la Nación, nada menos que con la Lic. Patricia Bullrich, denunciante de este proceso".

Además, aseguró: "El juez Gorini y el juez Giménez Uriburu también visitaban a la Lic. Bullrich, incluso cuando ya tenían a su conocimiento las presentes actuaciones".

Dicho esto, la defensa de CFK reflexionó: "¿Qué hubiese sucedido si se hubiesen dado a conocer fotografías en las cuales los miembros del Tribunal hubiesen aparecido jugando al fútbol con las personas que están siendo juzgadas en este proceso? Sin lugar a dudas, estaríamos en presencia no sólo de un escándalo nacional, sino también ante la inmediata promoción de una causa penal y de un juicio político en contra del juez que habría desarrollado tal conducta", afirmó.

Bajo este  panorama, el abogado recordó cuando al juez Sebastián Casanello se le “inventó” un encuentro con Cristina en la Quinta de Olivos y enfatizó: “es evidente que en el presente caso se encuentra lesionada de una manera intolerable la garantía del juez imparcial y, de igual manera, vulnerado el principio de objetividad y respeto de la legalidad que debe regir la actuación de todos los fiscales”.

Por último, señaló: “Los mismos fiscales que afirman que todas estas relaciones debidamente acreditadas no tienen entidad siquiera para demostrar un temor objetivo de parcialidad o falta de objetividad, al propio tiempo aseguran que la mera designación de funcionarios o las relaciones de conocimiento previo de un grupo de personas son las pruebas irrefutables que dan cuenta de la existencia de una asociación ilícita conformada en el seno del gobierno nacional, que conformó la mayor matriz de corrupción de la historia argentina”, y sentenció: “Curiosa doble vara".