De cara a las elecciones, el intendente de La Plata, Julio Garro, intenta disimular su falta de gestión y recorte presupuestario en el área de seguridad, apuntando contra el Ministerio de Seguridad bonaerense. Sin embargo, la Municipalidad no puede garantizar ni siquiera la poda y luminaria necesaria.

"Lo que para el intendente es político barata, para el peronismo es inclusión", remarcan desde Seguridad. El jefe comunal platense quedó al descubierto de sus operaciones en la Mesa Judicial en conjunto con agentes del servicio de inteligencia y el gobierno de María Eugenia Vidal para perseguir sindicalistas.

En ese escenario, Garro logró que el procurador General de Justicia, Julio Conte Grand, se ponga al frente de la persecución judicial a opositores, con un mecanismo similar al que se llevó adelante durante la última dictadura cívico militar.

Como anillo al dedo

En el marco de la discusión por la coparticipación de fondos entre algunos municipios y la Provincia, Garro coló el tema de la seguridad e hizo hincapié en la falta coordinación y apoyo por parte del gobierno de Axel Kicillof. Sin embargo, omitió mencionar la experiencia fallida de la Mesa de Coordinación Local de Seguridad Pública por la desidia y abandono del Gobierno municipal.

Motivo por el cual, el Ministerio de Seguridad intentó abordar la seguridad situacional de la ciudad y, además realizar un Plan de mejora del Espacio Público; marco donde incluía el mejoramiento de calles, poda de árboles e instalación de luminarias, algo que es un déficit en la capital bonaerense y un aspecto central para la prevención del delito, por ejemplo para el patrullaje de los móviles del Comando de Patrullas.

El caso más emblemático de ausencia municipal es la situación del Predio de Planeadores, los terrenos tomados que alcanzan desde calle 76 a 83, y de 143 a 155 en Los Hornos. Por parte de Garro, están librados a su suerte. La misma suerte corren para los 260 asentamientos que existen en la ciudad.

La lista sigue

Otro ejemplo de la desidia del gobierno de Garro, es el abandono del diálogo y el proyecto de traslado de la Zona Roja del Barrio Mondongo, que se había empezado a trabajar en la sede de la cartera de seguridad con funcionarios municipales. Sin embargo, de un momento a otro las autoridades locales comenzaron a faltar a los encuentros.

Estirar y abandonar los espacios de discusión y articulación es la misma metodología que aplicó la Municipalidad en otro gran tema que preocupa a los comerciantes de La Plata: La venta ambulante. Desde la Defensoría del Pueblo de la provincia abrieron un proceso de mediación entre los vendedores y las autoridades, que durante meses ofrecieron alternativas que después no cumplieron. 

Un dato no menor es que el intendente de La Plata, cuando reclamó apoyo provincial, omitió mencionar los 219 millones de pesos que la administración de Axel Kicillof asignó a La Plata por el Fondo Municipal de Fortalecimiento en Seguridad, un desembolso de 7.000 millones en los 135 distritos para inversión directa para combatir el delito.

En materia de financiamiento de las políticas de seguridad, vale recordar que desde que asumió en el gobierno, Garro recortó 230 millones de pesos destinados a la seguridad de los platenses. La secretaría de Seguridad y Justicia tenía un presupuesto inicial de $703.469.846,82, el cual fue reducido a $644.455.556,70 y finalmente ejecutado sólo $474.382.862,57, lo cual constituye una ejecución de sólo el 67%.