El Gobierno nacional oficializó la prohibición de contratar nuevos empleados en el Estado, medida que regirá hasta el 31 de diciembre de 2023. Es una medida que busca achicar el déficit fiscal en el marco de lo pedido por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Mediante el decreto 426/2022, la administración de Alberto Fernández destacó que las entidades y jurisdicciones del sector público “no podrán efectuar designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza, prohibición que comprende a distintas modalidades de designación y contratación”.

La medida tendrá “una serie de excepciones focalizadas en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, el cuerpo diplomático, guardaparques y el Sistema Nacional de Manejo del Fuego, como también profesionales de hospitales, personal penitenciario, de fuerzas armadas y de seguridad, entre otras”.

Asimismo, al enumerar qué tipo de contrataciones quedan congeladas, el decreto mencionó “las designaciones a término en planta transitoria” según el artículo 30 del Convenio Colectivo de Trabajo para la Administración Pública Nacional.

La disposición regirá hasta fin de diciembre de 2023, con lo cual, salvo contadas excepciones, la gestión de Fernández culminará su mandato sin incorporar más personal a la administración pública. Cuando la anunció la ministra de Economía, Silvina Batakís, días atrás había asegurado que “el congelamiento es para todos”.

El decreto estableció además en sus consideraciones que “resulta adecuado adoptar diversas medidas con miras a garantizar un ejercicio eficiente y responsable del presupuesto nacional, en lo que hace a la contratación de personal”.

Para finalizar, la iniciativa prevé por otro lado la continuidad del Plan de Regularización del Empleo Público acordado con los gremios del sector en la paritaria de 2020, por resultar “indispensable para el efectivo desenvolvimiento de la Administración Pública”.