El Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) salió a responderle a los diputados provinciales de Juntos, Matías Ranzini, Alex Campbell, Juan Carrara y Johanna Panebianco, luego de que presentaran un proyecto en la Legislatura bonaerense para dar marcha atrás al protocolo que permite a los presos tener celulares.

Los legisladores habían solicitado la derogación de la normativa que fue implementada durante la cuarentena estricta, con el fin de que los reclusos no perdieran contacto con sus familiares. Con este objetivo, sostuvieron que es “imperiosa” su anulación, “en pos de velar por la seguridad de los bonaerenses”.

En respuesta, desde el SPB emitieron un comunicado en el que negaron sus acusaciones  sobre el crecimiento de los delitos virtuales originados en las cárceles, y aseguraron que desde que se autorizó el uso de celulares, estos crímenes disminuyeron.

Aclarado esto, agregaron que la medida tomada por el máximo tribunal penal de la Provincia fue positiva en tanto “posibilitó el rápido esclarecimiento de ese tipo de ilícitos (delitos virtuales) y la pronta imposición de la sanción correspondiente”.

Además, explicaron que los celulares de los residentes de los penales solo tienen acceso a WhatsApp por lo que están destinados a “las actividades educativas a distancia y a los contactos familiares”. 

Por último, detallaron que el protocolo “establece un registro de celulares que identifica fehacientemente a cada usuario, delimita los ámbitos habilitados para el uso de telefonía celular y prohíbe las redes sociales, con excepción de WhatsApp”.