Diputados aprobó la construcción de nuevas cárceles en el Conurbano

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires presidida por Federico Otermín aprobó el proyecto que impulsaba Julio Alak de la expropiación de siete inmuebles ubicados en 5 distritos del Conurbano para ser destinados a la construcción de nuevas cárceles.

Esto se da en el marco del plan del Gobierno provincial para descomprimir las situaciones de hacinamiento que se viven en los penales bonaerenses.

El proyecto, que ahora deberá ser refrendado por el Senado, declara de utilidad pública y sujeto a expropiación siete inmuebles ubicados en los partidos de Moreno, Quilmes, Merlo, La Matanza y Tigre.

Asimismo, el Gobierno construirá cárceles y alcaidías departamentales que tendrán por objetivo descomprimir la situación actual de hacinamiento, reconocida por el Ejecutivo, lo que motivó la declaración de la emergencia para el sector.

La iniciativa fue objeto de muchas pujas en la Legislatura debido a la ubicación de los establecimientos carcelarios: desde el oficialismo, el diputado Jorge D’Onofrio defendió los emplazamientos al alegar que la mayoría de las situaciones de hacinamiento ocurren en el Conurbano, y que construir cárceles en el interior significaría alejar a los detenidos de sus familias.

Cuando el proyecto se convierta en Ley el Gobierno tendrá 10 años para terminar la construcción de los complejos carcelarios.  Aunque en el Ejecutivo reconocen que el problema requiere de soluciones urgentes, se reconoce la sobrepoblación existente “supera el 100%” de la capacidad posible.

Cabe destacar, que la iniciativa señala que entre 2016  y 2019 “se produjo un incremento extraordinario en el número de personas privadas de su libertad”, pasando de 35 mil a 49 mil presos, con una tasa de prisionalización (detenidos cada 100 mil habitantes) que subió de 240 a 308, sin demasiados cambios en la cantidad de plazas disponibles.

En los considerando, se destaca que esta circunstancia “elevó sensiblemente los niveles de hacinamiento”, por lo que “el Estado provincial se encuentra impedido de garantizar los umbrales mínimos que, en materia de tratamiento de personas detenidas, se comprometió a cumplir ante la comunidad internacional”.

La decisión de hacer nuevas cárceles en el AMBA responde a que casi el 70 % de las personas encarceladas provienen de esa región y la misma solo tiene capacidad para alojar a menos del 40 %, pues ese es el porcentaje de plazas disponible en la región sobre el total de la Provincia.

Para los funcionarios del ministerio de Justicia la construcción de nuevas cárceles, próximas a “los vínculos familiares o afectivos resultan fundamentales para evitar la desintegración de los lazos familiares o sociales, y de ninguna manera el encarcelamiento puede cercenar ese derecho”.