La CPM se presentó como querellante en la causa de espionaje ilegal en cárceles

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) decidió presentarse como querellante institucional en la causa que investiga el espionaje ilegal a personas privadas de la libertad en la Alcaidía de Melchor Romero, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Desde el organismo bonaerense detallaron que se realizaron una serie de allanamientos en establecimientos penales, entre ellos, en la Alcaidía de Melchor Romero de La Plata y que allí se habrían localizado dispositivos de escucha y otros elementos electrónicos en las salas de visita de los detenidos y de reunión con sus letrados.

También, se habría advertido la presencia irregular de agentes de la Agencia Federal de Inteligencia u otras agencias de inteligencia dentro de la Alcaidía. 

Desde la Comisión en la presentación, sostuvieron que  “las circunstancias por la que las personas detenidas pierden su libertad, no anulan ni deben menoscabar sus derechos humanos de ningún orden, menos aún los civiles y políticos. Las personas privadas de su libertad que se encuentran bajo la tutela estatal dentro de establecimientos penitenciarios, gozan de la protección a un ámbito de privacidad, amparados constitucionalmente, y mediante pactos y convenciones internacionales de derechos humanos”.

“La Ley 25.520 establece limitaciones para la injerencia estatal en la intimidad de los ciudadanos: prohíbe explícitamente “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias”. Y en el inciso 5, la misma norma establece la inviolabilidad de las comunicaciones, información, archivos, registros y/o documentos privados”, detallaron en un comunicado.

En ese marco, ampliaron que “estos derechos sólo pueden ser limitados mediante manda y control judicial. En caso contrario, se trata de delitos previstos tanto en la Ley Nacional de Inteligencia como en el Código Penal. En los casos que las intercepciones de las comunicaciones están autorizadas judicialmente, deben instrumentarse fuertes controles institucionales para evitar que las escuchas autorizadas y toda información producida por acciones de inteligencia sean filtradas y/o utilizadas para fines extorsivos”.

La CPM también destacó en la presentación que, entre los años 2016 y 2020, hubo una jerarquización de las áreas de inteligencia con atribuciones para la reunión de información y análisis en el ámbito del Servicio Penitenciario Bonaerense y en la estructura orgánica del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires.