Mientras la oposición busca instalar la discusión sobre una supuesta “armonización” del Instituto de Previsión Social (IPS), la diputada Susana González, apuntó contra el vidalismo que llama la atención que "dejaron al IPS con un resultado económico negativo, hoy se manifiesten preocupados”.
“Me preocupa que esos sectores hoy opositores y que durante los cuatro años del gobierno de Vidal reformaron la ley de jubilaciones y pensiones del Banco Provincia, hoy se manifiesten con una gran preocupación ante una situación que es totalmente imposible de ejecutar”, dijo la legisladora provincial.
En este sentido, sostuvo que "esa preocupación" es impulsada por sectores que circularon en el año 2018, un proyecto de ley para derogar la ley 9650/80 estableciendo una armonización con el sistema de ANSeS, en cumplimiento de la denominada Ley de Reparación Histórica, mientras que el convenio impulsado por el gobierno bonaerense “no esconde ningún fantasma» remarcó.
Recordemos que los gremios estatales salieron a pedir durante el fin de semana explicaciones al gobierno provincial por la supuesta “armonización” del IPS.
"Todo lo contrario, se trata de un reclamo de recursos que son de los bonaerenses y que administra el sistema nacional” y que, además, ha sido ratificado en infinidad de oportunidades por el titular del organismo previsional bonaerense, Eduardo Santín.
González, manifestó que al igual que el Gobernador, cree “firmemente que el sistema público solidario y de reparto «es el sistema previsional que deben tener todos los empleados de la provincia de Buenos Aires”.
“Ver la caradurez de quienes con la liquidación total de las letras del tesoro entregaron el patrimonio del IPS y quienes impulsaron contratos monotributistas para contribuir al de financiamiento del organismo, es irrisorio” dijo González sobre el sector que hoy levanta sus voces alertando sobre una supuesta preocupación.
“Hoy son ellos los que dicen «sentirse» preocupados por el sistema público solidario de reparto y la movilidad de haberes en nuestra ley 9650, cuando son algunos de ellos quienes presentaron proyectos pidiendo que los municipios estén exentos por dos años de pagar los aportes al instituto de previsión social" generando "otra vez un mecanismo de desfinanciamiento del Instituto de Previsión Social”, cerró.
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