Luego de la polémica designación de Francisco Pont Vergés por parte de María Eugenia Vidal y que desatará una catarata de críticas por parte de distintos actores de la Justicia bonaerense, AJUS presentó una acción judicial para que Vidal revise la postulación.
Se trata de la postulación de Pont Vergés como juez de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires y se le inculpa violaciones a los derechos humanos, que ahora son tramitados en el juzgado Contencioso Administrativo 4 a cargo de María Ventura Martínez.
La demanda de AJUS argumenta que los hechos y denuncias siguientes a la postulación del actual secretario de Política Criminal de la Procuración violan el artículo 175 de la Constitución provincial y 28 de la Ley 11.868, cuyo texto obliga a quienes sean propuestos como magistrados tener solvencia moral, idoneidad y respeto por las instituciones democráticas y los derechos humanos.
El actual secretario de Política Criminal en la Procuración General bonaerense que está a cargo de Julio Conte Grand, tiene acusaciones por violación a los Derechos Humanos, y como consecuencia, Abogados por la Justicia Social La Plata, Berisso y Ensenada (AJUS LPBE) presentó una acción judicial que obliga a la gobernadora Vidal a revisar la postulación y compromete su nombramiento en el Senado bonaerense.
Todo esto se da en el marco del (polémico) nombramiento de 42 jueces por parte de María Eugenia Vidal ante un inminente cambio de gobierno y que estima la posibilidad de perpetuarse en el Poder Judicial “para devolución de favores”.