Es conocida la posición personal de la Gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, sobre el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, como funcionaria pública, la mandataria debe velar por la responsabilidad de avanzar con las normativas nacionales que, se supone, viene con el consenso de las distintas fracciones políticas y el aval (o un veto) de la Casa Rosada.
Sin embargo, por estas horas trascendió que Vidal dejó una preocupación sobre la mesa si el Congreso avala la ley del aborto el próximo 8 de agosto: la dificultad de instrumentar la práctica en los 80 hospitales de la Provincia y que dependen de la gestión estatal.
Independientemente de las convicciones personales de los funcionarios bonaerenses, lo que le preocupa a la mandataria y a sus principales colaboradores son las cuestiones prácticas referidas a la instrumentación de la norma.
La Provincia se enfrenta a un escenario que, entienden, como "complejo de dimensionar", aunque carece de datos concretos sobre la postura que adoptarán los profesionales de la salud bonaerenses, no son pocos los referentes provinciales de Cambiemos que creen que la realidad les marcará que hay una mayoría de médicos en contra del aborto, que la de los que están a favor.
Esa dificultosa instrumentación a la que hizo referencia Vidal ante su mesa chica, se basaría, primero, en lo que entiende como los `tres mundos´ en los que se divide la atención médica bonaerense: hospitales municipales, hospitales provinciales y clínicas privadas.