Los impuestos aplicados a las apuestas online alcanzaron una recaudación cercana a los $17.000 millones en octubre, lo que representa un incremento interanual del 47% según un relevamiento de la consultora Econviews en base a datos de ARCA.
Sin embargo, el fuerte crecimiento fiscal convive con un fenómeno alarmante para el sector y las arcas públicas: el 75% del volumen de juego opera en la ilegalidad, lo que le genera al Estado una pérdida estimada de $6.000 millones mensuales en tributos no percibidos.
En paralelo, el proyecto de ley para regular la actividad, que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados hace dos años, permanece estancado en el Senado y corre el riesgo inminente de perder estado parlamentario a fin de mes.
Si bien los ingresos de octubre se ubicaron por debajo del récord histórico de julio, cuando el Mundial impulsó la recaudación hasta los $18.600 millones, las cifras se mantienen en niveles elevados. Según datos de la consultora Analytica, los ingresos por este concepto crecieron un 39,8% interanual en términos reales (descontada la inflación) y acumulan una suba del 41,3% en lo que va del año.
Representa apenas el 0,1% de la recaudación tributaria total (frente al 0,02% que significaba en 2024), muy lejos de los parámetros de mercados regulados como España, Reino Unido o Brasil, donde oscila entre el 0,5% y el 0,7%.
Por cada peso que el fisco recauda por apuestas online, ingresan 10 pesos en concepto de impuestos al tabaco, aunque la brecha se redujo considerablemente respecto a dos años atrás, cuando la proporción era de 1 a 20.
Las plataformas habilitadas —identificadas bajo el dominio oficial “.bet.ar”— afrontan un esquema tributario múltiple que combina el impuesto nacional específico sobre apuestas, IVA y Ganancias, sumado a un canon por licencia y tributos locales:
Las alícuotas varían según la jurisdicción, ubicándose en el 6% en la Ciudad de Buenos Aires, el 12% en Mendoza y el 15% en la provincia de Buenos Aires.
En territorio bonaerense, donde operan 7 plataformas habilitadas, el canon dejó en octubre unos $9.883,3 millones, cifra equivalente al 10% de la utilidad bruta de las empresas.
El crecimiento de los sitios no autorizados genera una doble preocupación: la evasión fiscal millonaria y la exposición de menores de edad sin barreras de ingreso.
Desde el sector regulado reclaman igualdad de condiciones y controles efectivos sobre el mercado clandestino, subrayando que las plataformas legales deben exigir hasta 18 pasos de verificación a sus usuarios, incluyendo declaraciones juradas y sistemas de reconocimiento facial, exigencias totalmente inexistentes en la oferta ilegal.