La radicación ante la Justicia Federal de una denuncia penal por enriquecimiento ilícito contra el diputado nacional y principal armador bonaerense de La Libertad Avanza (LLA), Sebastián Pareja, añade una grave complicación judicial a la cúpula que encabeza Karina Milei en la provincia de Buenos Aires.
La presentación, realizada por el abogado Leonardo Martínez Herrero, alcanzó también a los padres del legislador, Matilde Benzi y Miguel Ángel Pareja, quedando asignada por sorteo al Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 7, a cargo del juez Sebastián Casanello.
La causa judicial se estructuró a partir de cuatro ejes revelados en un expediente de cuota alimentaria e investigaciones periodísticas sobre el patrimonio de la familia Pareja.
El 30 de enero de 2026 se registró la extracción por caja de USD 300.000 en efectivo desde una cuenta de la sucursal del Banco Santander compartida entre el diputado y sus padres.
Ni Benzi ni su cónyuge registran actividades laborales ni ingresos declarados ante los organismos fiscales que permitan justificar semejante capacidad de desembolso.
Se constató el ingreso de fuertes sumas de dinero en divisas a la cuenta bancaria compartida por el grupo familiar en los meses previos a la transacción inmobiliaria, acumulación que no guarda correlación con la remuneración del legislador como funcionario público ni fue volcada en sus declaraciones juradas patrimoniales ante la Oficina Anticorrupción.
Para el denunciante, el referente libertario habría recurrido a sus progenitores como “testaferros” o personas interpuestas para disimular la titularidad real de los bienes adquiridos.
En su escrito, Martínez Herrero solicitó una serie de medidas de prueba perentorias que incluyen los requerimientos al Banco Santander sobre filmaciones, resúmenes y el origen de las transferencias, la remisión del expediente escritural por parte del Registro de la Propiedad Inmueble y el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, el envío de las declaraciones juradas públicas y reservadas dictaminadas por la Oficina Anticorrupción, y el entrecruzamiento de datos fiscales mediante informes solicitados a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y a la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre posibles reportes de operaciones sospechosas (ROS).>