El dictamen del fiscal federal Gerardo Pollicita representa un giro crucial en la situación judicial del exjefe de Gabinete de la Nación y exvocero presidencial, Manuel Adorni.
El representante del Ministerio Público Fiscal solicitó al juez federal Ariel Lijo archivar la hipótesis de enriquecimiento ilícito y remitir las actuaciones a la Justicia Nacional en lo Penal Económico para que se investigue la presunta comisión de delitos tributarios y evasión fiscal.
Aunque el planteo desactiva temporalmente el delito de corrupción derivado del ejercicio de la función pública, la causa iniciada por la diputada Marcela Pagano mantiene bajo sospecha el circuito financiero con el que Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, operaron entre el 14 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026.
El informe de la Fiscalía reconstruyó las erogaciones del matrimonio durante su paso por la administración nacional, detectando una fuerte primacía del dinero en efectivo y un bache contable no justificado en los registros oficiales.
La Fiscalía identificó gastos totales por USD 402.578, de los cuales USD 374.081 fueron abonados en efectivo. Paralelamente, se constató una inconsistencia de $43.068.549 entre los ingresos lícitos comprobados y los egresos destinados a compra de propiedades, refacciones y servicios.
La defensa de Adorni argumentó que los fondos en divisas provienen de compras de Bitcoin realizadas entre 2014 y 2018 por USD 200.000, los cuales habrían sido liquidados posteriormente por USD 591.544 en efectivo.
Al no poder sostener que el incremento patrimonial haya ocurrido durante e íntegramente a causa de la función pública, Pollicita puso el foco en el posible delito de evasión (Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales) e infracciones a la Ley Penal Tributaria.