En un movimiento de alta intensidad institucional, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires activó un canal directo de negociación con el Poder Ejecutivo y la Legislatura para destrabar una agenda de reformas estructurales y presupuestarias antes del cierre del año legislativo.
Altas fuentes judiciales confirmaron que la semana pasada se concretó un almuerzo reservado en La Plata del que participaron el presidente del máximo tribunal, Sergio Torres, el procurador general, Julio Conte Grand; la vicegobernadora y presidenta del Senado, Verónica Magario; y el titular de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara, junto a legisladores oficialistas y opositores.
El tribunal, actualmente integrado por solo tres magistrados (Sergio Torres, Hilda Kogan y Daniel Soria) expuso un temario de prioridades para evitar la parálisis operativa del sistema judicial provincial.
La Corte insistió en la necesidad de avanzar con el proyecto que le otorga autonomía presupuestaria y financiera respecto del Poder Ejecutivo, una bandera histórica que aún requiere consensos políticos para su ingreso y tratamiento formal en la Legislatura.
Además, solicitaron la creación de 66 nuevos juzgados y tribunales, además de reclamar partidas presupuestarias para poner en funcionamiento dependencias ya creadas por ley pero que carecen de infraestructura y personal.
En paralelo a la cumbre institucional, la Comisión de Legislación General de Diputados dio un paso clave al emitir despacho de mayoría al proyecto impulsado por el diputado Facundo Tignanelli (Fuerza Patria) y respaldado por la Asociación Judicial Bonaerense (AJB).
La iniciativa, que busca institucionalizar la negociación colectiva y paritaria propia entre la Corte y los trabajadores del sector, contó con el dictamen favorable de un arco transversal que integran Fuerza Patria, UCR + Cambio Federal, PRO y el Frente de Izquierda, enviando una fuerte señal al máximo tribunal sobre las condiciones laborales de sus empleados.
Pese a la receptividad del diálogo, la gran incógnita del sistema judicial sigue siendo la cobertura de las cuatro vacantes vacías en la Suprema Corte (sobre un total de siete miembros) y el envío de cerca de 200 pliegos para juzgados, fiscalías y defensorías de primera instancia paralizados en el Ejecutivo.