El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, salió al cruce de la Corte Suprema luego de que el máximo tribunal revocara la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley de Tierras Rurales.
A través de sus redes sociales, el mandatario calificó la decisión como “el fallo de la infamia” y sostuvo que se trata de una resolución “gravísima” porque, según su interpretación, afecta “la soberanía nacional y la voluntad popular”.
Kicillof vinculó el fallo con el debate que el Gobierno nacional impulsó alrededor de la propiedad privada y recordó la movilización realizada frente al Congreso contra el proyecto oficial. “Lo que no pudieron conseguir con el Congreso y con el pueblo, ahora pretenden conseguirlo a través del Poder Judicial. Se proponen legalizar la entrega y el saqueo”, afirmó.
El conflicto judicial gira alrededor del artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno derogó la Ley 26.737, que establecía límites para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
La causa había sido iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM). En una instancia anterior, la Cámara Federal de La Plata había declarado inconstitucional la derogación y repuesto la vigencia de las restricciones.
La Corte Suprema, sin embargo, revocó esa sentencia al considerar que el CECIM no tenía legitimación para promover la acción y que no estaba configurado un caso o controversia judicial en los términos exigidos por la Constitución.
El máximo tribunal aclaró además que su decisión no implicó pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023. El fallo se limitó a cuestionar la legitimación de la organización que había iniciado la demanda y la existencia de un caso judicial concreto.
En su publicación, el gobernador también aprovechó para confrontar con el Presidente Javier Mieli y cuestionó su posicionamiento respecto de la soberanía sobre las Islas Malvinas.
“Termina de caerse la careta del supuesto Milei ‘malvinero’”, sostuvo Kicillof, quien vinculó la derogación de las restricciones a la adquisición de tierras rurales con una política que, según su interpretación, busca “entregar recursos estratégicos y subordinar los intereses nacionales a intereses extranjeros”.
De esta manera, el fallo volvió a instalar en el centro de la discusión política la Ley de Tierras y el alcance de las modificaciones introducidas por el DNU 70/2023. Mientras la Corte fundamentó su decisión en cuestiones de legitimación procesal, Kicillof utilizó el pronunciamiento para profundizar su cuestionamiento al Gobierno nacional y volver a poner la soberanía como eje de su crítica.