El senador libertario Guillermo Montenegro, confirmó que avanzará con un pedido de jury de enjuiciamiento contra la jueza Marta Elba Pascual, luego de que la magistrada dictara una medida cautelar que suspendió por 60 días la aplicación del nuevo régimen penal juvenil en todo el territorio bonaerense.
Montenegro sostuvo que la resolución pone el foco de preocupación exclusivamente en las condiciones de los delincuentes, relegando a las víctimas y a los vecinos expuestos a la inseguridad: “Yo tengo claro de qué lado estoy: del lado de las víctimas, los vecinos y la gente que cumple la ley”.
Además, criticó que una jueza de fuero provincial pueda frenar mediante una cautelar una norma sancionada por el Congreso de la Nación, argumentando que la definición de la política criminal le corresponde al Poder Legislativo y no a las decisiones de un tribunal.
Montenegro rechazó que las deficiencias del sistema penitenciario o la falta de plazas de alojamiento de menores sirvan como justificación para paralizar la ley. En su lugar, exigió que el Gobierno provincial construya y garantice la infraestructura necesaria para cumplir la normativa.
En forma paralela a esta ofensiva judicial, el jefe comunal impulsa un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense orientado a modificar el Código de Faltas para habilitar la aprehensión y arresto de "trapitos" y limpiavidrios en la vía pública, buscando dotar de mayores facultades de control y sanción a las fuerzas de seguridad en los distritos de la provincia.