PROVINCIA | 8 SEP 2026
POLéMICA EN EL JUEGO
El nuevo impuesto al juego online desata resistencias internas por el mercado ilegal
La resolución firmada por Gonzalo Atanasof busca sumar $40.000 millones mensuales a las arcas bonaerenses, pero expone tensiones dentro del Gabinete y despierta alertas por amparos judiciales e incentivos al juego clandestino.
La reglamentación de la alícuota del 2% sobre las apuestas ganadas en slots digitales, instrumentada por el titular del Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC), Gonzalo Atanasof, y enmarcada en la Ley 15.079, abrió un frente de debate interno dentro del gobierno de Axel Kicillof.
Aunque la medida proyecta una recaudación mensual cercana a los $40.000 millones destinada a programas sociales y prevención de la ludopatía, sus costos políticos y económicos generaron posiciones encontradas.
Trama política, alianzas y resistencias en el Gabinete
Tras su llegada a Loterías en reemplazo de Omar Galdurralde, Atanasof impulsó este gravamen como un gesto de desmarque territorial del exjefe de Gabinete Martín Insaurralde y de alineamiento directo con el Gobernador.
La medida contó con el respaldo del ministro de Economía, Pablo López, mediante las gestiones de su jefe de Gabinete, Facundo Bocco, motivado por la urgencia de fortalecer los ingresos provinciales.
Funcionarios del entorno del Gobernador señalaron reparos y argumentan que gravar directamente al usuario representa una medida antipática en el plano electoral y alertan sobre una eventual pérdida de recaudación legal.
Desde La Plata confirman que lo que pasa en el Casino local impacta en las arcas de recaudación de la comuna porque se ve afectado la baja en la presencialidad del Bingo. “Hay un 40% menos de concurrencia en el Bingo”, le dicen desde Loterías a los funcionarios municipales.
En el sector y en despachos oficiales se advierte que la quita sobre el premio neto incentivará las apuestas en plataformas no registradas. La preocupación se da en un contexto donde la Justicia ya bloqueó 537 sitios clandestinos tras más de 800 denuncias impulsadas por la Provincia.
