Un informe difundido por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires trazó un diagnóstico alarmante sobre las economías familiares en el territorio bonaerense: seis de cada diez hogares debieron recurrir al crédito para adquirir alimentos y cubrir gastos esenciales como alquileres, medicamentos o servicios públicos.
Además, el estudio señala que tres de cada cuatro de esas familias no han podido cancelar sus deudas, un escenario de morosidad crónica que presiona los presupuestos del Conurbano y el interior provincial.
Bajo el título “Hablemos de deudas: desigualdades, informalidad y género”, el documento advierte sobre la proliferación de créditos informales, obtenidos mediante prestamistas barriales o redes de allegados, al margen de la regulación bancaria y del sistema financiero formal.
El relevamiento de la Defensoría enfatiza que las exigencias financieras afectan de manera desproporcionada a los hogares encabezados por mujeres, especialmente en contextos donde no se percibe la cuota alimentaria correspondiente.
La toma de deuda se dispara en viviendas sosteniéndose por madres solas con niños, niñas o adultos mayores a cargo, constituyendo la franja de mayor vulnerabilidad económica.
La imposibilidad de acceder a créditos bancarios empuja a estas familias a recurrir a financiamiento informal con costos de devolución opacos e insostenibles.
En sectores populares y de clase media baja, el agotamiento de la capacidad de endeudamiento provocó la reaparición de ferias de trueque como alternativa de subsistencia frente a la falta de efectivo.