El gobierno de Axel Kicillof oficializó el cierre del convenio de colaboración que mantenía con el Estado nacional para calcular, liquidar y distribuir las compensaciones tarifarias del transporte público automotor.
Con la medida, el sistema de compensaciones para las líneas provinciales y municipales del AMBA quedará bajo la órbita bonaerense. También pasarán a ser gestionados por la Provincia el Atributo Social de la tarjeta SUBE y las compensaciones por gasoil a precio diferencial.
El convenio había comenzado a regir a fines de 2018, luego de la firma del Consenso Fiscal entre la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde entonces, fue prorrogado en diez oportunidades.
La última adenda extendía su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, el Decreto 875 aprobó el acta firmada en marzo de este año, mediante la cual ambas administraciones dieron por cumplidas las obligaciones pendientes y formalizaron el cierre de la cooperación.
Desde el Ministerio de Transporte bonaerense señalaron que el proceso de traspaso comenzó a trabajarse con las cámaras empresarias desde febrero de 2025, con el objetivo de garantizar que la Provincia asumiera la gestión de los pagos y cumpliera con los plazos previstos.
La medida también busca cerrar un capítulo de tensión entre el Ejecutivo bonaerense y los empresarios del sector. El último conflicto se produjo a fines de 2024, cuando cámaras transportistas realizaron una protesta frente a la sede de la Gobernación en reclamo por demoras en las compensaciones.