El gobernador Axel Kicillof volvió a la carga con una de las banderas más deseadas de su diseño de gestión sanitaria: la creación de una empresa estatal de medicamentos bajo la figura de una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM).
La iniciativa, ideada originalmente en 2024 por el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, había logrado sortear la paridad de la Cámara de Diputados, pero encontró su fecha de defunción en los despachos de la propia vicegobernadora y presidenta del Senado, Verónica Magario.
En diciembre de ese año, en el pico de la fractura expuesta entre el PJ territorial, el kicillofismo y La Cámpora, Magario congeló el tratamiento del pliego, permitiendo que la ley caducara por falta de estado parlamentario.
Hoy, con el sistema público bajo la presión del ajuste de la Casa Rosada y un fuerte salto en la demanda de las guardias hospitalarias, Calle 6 relanza el proyecto con un texto corregido y blindado para intentar forzar el acompañamiento de las tribus peronistas y de la oposición dialoguista.
A diferencia de la versión que naufragó el año pasado, el nuevo mensaje enviado al Senado amplía el objeto comercial de la futura SAPEM y le introduce un fuerte componente de anclaje territorial para seducir a los intendentes de los 135 municipios.
Sin embargo, el cambio político más sustancial es la obligación explícita de abastecer de manera prioritaria al sistema de salud de las comunas, un guiño directo a las finanzas de los alcaldes que hoy asumen el costo de la disparada de precios de los laboratorios privados.