Los libertarios dieron marcha atrás y retiraron el proyecto que quitaba la exclusividad a los Martilleros

La intención de avanzar con una profunda desregulación del mercado inmobiliario en la provincia de Buenos Aires sufrió un fuerte revés legislativo.

Tras una serie de reuniones y negociaciones de pasillo, el diputado provincial por La Libertad Avanza (LLA), Juan Osaba, retiró de forma definitiva el proyecto de ley denominado Desregular el mercado inmobiliario en el territorio de la provincia de Buenos Aires.

La decisión fue confirmada formalmente este lunes ante la Cámara Baja provincial, cerrando el tratamiento de una de las iniciativas que mayor conflictividad corporativa amenazaba con desatar en el recinto.

El proyecto de Osaba apuntaba directamente contra la estructura de exclusividad profesional que rige en el territorio bonaerense a través de la modificación de la Ley 10.973. Los ejes centrales de la propuesta libertaria que generaron el rechazo unánime del sector se estructuraban en dos puntos críticos.

Por un lado, la apertura de la intermediación que buscaba habilitar formalmente a “personas humanas o jurídicas no matriculadas” para que puedan actuar legalmente como intermediarios en las operaciones de compraventa y alquiler de inmuebles.

Además, instauraba de manera taxativa el principio de la “autonomía de la voluntad” para la fijación de los honorarios profesionales y las comisiones comerciales, desplazando las escalas y regulaciones vigentes que protegen la actividad en la provincia.

Los martilleros celebran el freno pero temen por nuevos intentos

Como era de esperarse, la iniciativa cosechó el inmediato rechazo de los martilleros y corredores públicos de la provincia, quienes salieron al cruce de la propuesta marcando sus severas deficiencias técnicas, legales y de desprotección para los usuarios.

Si bien las autoridades del Colegio de Martilleros bonaerense calificaron como “positiva” la marcha atrás del legislador de LLA, manifestaron su profunda preocupación respecto del escenario de mediano plazo.

Desde la conducción de la entidad profesional advirtieron que el retiro administrativo del expediente no clausura la posibilidad de que se repitan embates similares contra la colegiación obligatoria en el corto plazo.

“(El retiro del proyecto) no implica que, en el futuro, tanto en el ámbito provincial como en el nacional, no se vuelva a intentar impulsar una iniciativa reprochable similar”, destacaron.