El gobierno de Axel Kicillof decidió pisar el acelerador para moldear la reforma de la Ley de Seguridad Pública, una de las promesas estructurales que el mandatario provincial adelantó durante la última apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura bonaerense.
Con el objetivo de modificar una normativa que data de la década del 90 y que quedó desactualizada frente a las nuevas modalidades delictivas, el Ministerio de Seguridad profundizó la ronda de negociaciones con los alcaldes de todo el territorio provincial.
La estrategia oficial comenzó a tejerse el mes pasado en Escobar, en un cónclave comandado por el ministro Javier Alonso que reunió mayoritariamente a intendentes del Conurbano peronista. En aquella oportunidad, la Provincia logró un principio de acuerdo para empezar a dar forma a un proyecto de ley que reflote y vuelva a crear la figura de la Policía Municipal en los distritos.
Esta semana, el Ejecutivo provincial dio un salto clave al expandir la mesa de debate hacia el interior bonaerense, convocando a cerca de una treintena de jefes comunales de la Cuarta, Quinta y Séptima sección electoral, incluyendo a mandatarios del PRO, el radicalismo y el vecinalismo.
El último de estos encuentros se desarrolló en Chivilcoy, pago comandado por el vecinalista Guillermo Britos, un excomisario de aceitado diálogo con la administración kicillofista y que viene de mostrarse en La Plata junto al intendente Julio Alak.
Desde las oficinas de la gobernación señalaron que la premisa central de la nueva legislación es construir una política de seguridad "que reconozca y fortalezca el rol de los intendentes", articulando las órbitas locales con el despliegue de la Policía de la Provincia de Buenos Aires bajo una estructura de conducción estrictamente provincial.
A pesar del buen clima de trabajo y la sintonía para avanzar en un texto consensuado, los intendentes del interior aprovecharon las mesas seccionales para marcar distancias con el Gran Buenos Aires.
Exigieron que la nueva ley contemple de manera explícita que las problemáticas de las localidades del interior difieren drásticamente de la realidad del Conurbano.
Sin embargo, más allá de la innovación doctrinaria que propone Kicillof, la discusión de fondo sigue chocando con las urgencias financieras de las comunas.