Se estancó la imagen de Milei: la economía ahoga y la Justicia aprieta

La luna de miel con el gobierno de Javier Milei parece haber llegado a su fin, y no precisamente con un aterrizaje suave. Las últimas encuestas nacionales muestran una tendencia preocupante para la Casa Rosada: la imagen negativa del presidente se clavó en un nuevo piso, rondando el 60%, sin signos de repunte.

Este umbral, similar al de los meses previos, sugiere que la gestión libertaria ha alcanzado un techo de aprobación, con más de la mitad de los consultados calificando su administración con la nota más baja posible.

Detrás de estos números fríos, se esconde una realidad que golpea directamente el bolsillo de los argentinos. La desconfianza en el rumbo económico persiste, alimentada por el incumplimiento de promesas clave de campaña, como el fin de la inflación y el combate a la “casta”.

La percepción de un deterioro en la economía familiar es abrumadora, con la mayoría de la sociedad atribuyendo la responsabilidad de los problemas actuales directamente a las políticas implementadas por el gobierno.

Los datos son contundentes: casi la mitad de los laburantes argentinos, un 40.8%, confiesa no llegar a fin de mes, una cifra que equivale a que en cada familia se deban estirar los pesos como chicle o, incluso, que un sueldo promedio se quede corto antes de cubrir las necesidades básicas.

Otro 20.5% se vio forzado a recortar gastos esenciales, lo que implica dejar de lado desde la renovación de la ropa hasta una salida familiar, o posponer reparaciones en el hogar. Apenas dos de cada diez argentinos, un 18.8%, puede decir que no hizo ajustes y que logra ahorrar.

Este cúmulo de causas judiciales y la persistente intervención del poder en la vida pública resuenan con una percepción alarmante: una encuesta de la UBA reveló que más del 94% de la población cree que la Justicia está influenciada por el poder.

Esta desconfianza generalizada en el sistema judicial no solo erosiona la credibilidad de las instituciones, sino que también contextualiza la dificultad del gobierno para legitimar sus acciones o desestimar acusaciones, como la que pesa sobre Adorni, que solo un 14.4% de los consultados considera una causa armada políticamente.