POLíTICA | 27 MAY 2026
LA ERA MILEI
La Justicia obliga a Milei a devolver los fondos millonarios para el Banco Genético
El ajuste del Gobierno puso en jaque al Banco Nacional de Datos Genéticos, arriesgando el futuro de causas de lesa humanidad y la integridad de valiosas muestras de ADN.
La tensión entre la política de ajuste del gobierno libertario y las instituciones fundamentales del Estado alcanzó un punto crítico en los últimos días, chocando de frente con la búsqueda de la memoria, la verdad y la justicia.
El Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), un organismo clave en la identificación de los nietos apropiados durante la última dictadura cívico-militar, quedó al borde del colapso operativo, encendiendo todas las alarmas en el ámbito judicial y de derechos humanos.
La crisis estalló cuando los fiscales especializados en casos de apropiación de niños descubrieron que la famosa “motosierra” del gobierno de Javier Milei había dejado al BNDG con apenas el 55,96% del presupuesto aprobado para el año.
Esta drástica poda, lejos de ser un simple recorte, significaba una encerrona administrativa impracticable que comprometía seriamente el funcionamiento diario de un ente que custodia información sensible desde hace casi cuarenta años.
Las consecuencias de esta asfixia económica eran devastadoras. Sin los fondos necesarios, las pericias de ADN, esenciales para la búsqueda de los nietos desaparecidos, quedaban automáticamente congeladas.
La presión judicial y el fin del relato
Frente a este escenario de emergencia, el juez federal de La Plata, Dr. Alejo Ramos Padilla, actuó con celeridad. El 14 de mayo de 2026, dictó una medida cautelar interina que obligó a la Jefatura de Gabinete a moverse.
La amenaza de una sanción judicial y el altísimo costo político de permitir el cierre de una institución tan emblemática forzaron a los funcionarios nacionales a sentarse a negociar a contrarreloj.
La presión judicial surtió efecto. A última hora del martes 26 de mayo, se confirmó la resolución definitiva del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°1 de La Plata: el Gobierno se comprometió al desembolso de 590 millones de pesos.
Aunque el juez Ramos Padilla dio por finalizada su intervención cautelar, esta victoria judicial deja una incómoda advertencia al gobierno de Javier Milei.
La Justicia demostró que, si bien el relato del déficit cero estricto puede guiar la política económica, existe una frontera clara cuando el ajuste roza compromisos internacionales del Estado y derechos humanos fundamentales. La "motosierra" encontró un límite.
