PROVINCIA | 26 MAY 2026
LA ERA MILEI
Crece la preocupación por el futuro laboral de los trabajadores del turismo social en Chapadmalal
La reestructuración estatal impacta de lleno en las emblemáticas unidades turísticas del país, dejando a decenas de empleados con décadas de antigüedad en la incertidumbre.
El gobierno nacional ha dado un paso más en su ambicioso plan de reforma del Estado, oficializando la puesta en disponibilidad de trabajadores de planta permanente vinculados a las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse.
Esta decisión, que sacude el corazón del empleo público, se enmarca en una profunda reorganización de la Secretaría de Turismo y Ambiente, liderada por Daniel Scioli, afectando a destinos icónicos del turismo social argentino.
La medida fue publicada en el Boletín Oficial a través de la resolución 129/2026, firmada por Federico Esteban Sicilia de la Jefatura de Gabinete. Esta normativa se apoya en el Decreto 269/2026, que modificó la estructura operativa del Gabinete, y en el artículo 11 de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional 25.164, que habilita la disponibilidad ante procesos de reestructuración.
La reorganización implicó la supresión de las unidades organizativas "Unidad Turística de Embalse" y "Unidad Turística de Chapadmalal", junto con todas sus funciones. Estos complejos, ubicados estratégicamente en las costas de Mar del Plata y en el corazón de Córdoba, respectivamente, han sido durante décadas pilares del turismo social y accesible, albergando a miles de familias y delegaciones cada año.
Con esta disposición, los agentes incluidos en el anexo de la resolución permanecerán en situación de disponibilidad por un período que oscila entre seis y doce meses, dependiendo de su trayectoria. Durante este lapso, deberán someterse a capacitaciones o cumplir con las nuevas funciones que el Estado les asigne.
Este limbo laboral, que afecta directamente el ingreso de decenas de familias argentinas, representa una dura prueba para quienes dedicaron gran parte de su vida al servicio público.
La medida, que impacta directamente en el patrimonio humano y la operatividad de dos complejos turísticos emblemáticos, abre el debate sobre el rol del Estado en el fomento del turismo social y las consecuencias de estas reestructuraciones a gran escala.
