El anuncio, que llega desde el Ministerio de Economía, marca un hito en la agenda libertaria de Javier Milei, enfocada en desmantelar la participación del Estado en empresas públicas.
La compañía, responsable de proveer agua potable y servicios cloacales a una vasta porción del Área Metropolitana de Buenos Aires, se encamina a cambiar de manos tras décadas bajo gestión estatal.
Desde la Casa Rosada, la justificación es clara y contundente: el Estado no debe administrar empresas. Se busca que la incorporación de capital privado sea la llave para modernizar la infraestructura, inyectar inversiones tan necesarias y, en última instancia, mejorar la prestación de un servicio esencial que impacta directamente en la calidad de vida de millones de argentinos.
El proceso de venta se ha diseñado en varias etapas, comenzando con una licitación pública de alcance nacional e internacional. Las empresas interesadas tendrán hasta el 27 de agosto para presentar sus ofertas, que luego serán sometidas a rigurosas evaluaciones técnicas, financieras y legales. Un detalle no menor es que el 10% restante de las acciones de AYSA permanecerá en manos de los trabajadores, bajo el Programa de Propiedad Participada.
Se trata de la infraestructura de agua potable y saneamiento que sostiene la vida de millones de habitantes en una de las regiones más densamente pobladas del país.
La gestión de esta red vital es comparable en importancia a la inversión necesaria para construir o mantener cientos de hospitales o miles de kilómetros de rutas esenciales, afectando directamente la calidad de vida y la salud pública de una porción gigantesca de la población argentina.