La situación judicial de Manuel Adorni ha tomado un giro dramático que impacta directamente en el corazón de la Casa Rosada. La diputada Marcela Pagano solicitó formalmente la detención del jefe de Gabinete, acusándolo de presionar a un testigo clave para entorpecer la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
El pedido se basa en la declaración del contratista Matías Tabar, quien reveló detalles sobre el financiamiento de las obras en una propiedad del funcionario.
Según la presentación judicial, el entorno de Adorni habría contactado a Tabar antes de su testimonio con el objetivo de influir en su relato. Pagano denunció que se habrían borrado mensajes de WhatsApp y que se le ofreció “ayuda legal” al contratista a cambio de eliminar evidencia de su teléfono celular, lo que constituye una maniobra directa de interferencia en el proceso.
La legisladora fundamentó su pedido por “riesgo de entorpecimiento” porque sostiene que existe un peligro concreto de que se sigan eliminando pruebas o influenciando a otros testigos.
Capacidad de influencia: El cargo jerárquico de Adorni le otorgaría una ventaja superior para intervenir en organismos públicos y en el desarrollo del expediente.
Doctrina Irurzun: Pagano planteó la aplicación de este criterio, que habilita la prisión preventiva ante riesgos de obstrucción derivados del poder que ostentan los imputados, agravado en este caso por ser un funcionario en ejercicio.