Municipios cerca de la quiebra: intendentes mueven fichas y roza la interna del radicalismo

En un grito unánime que trasciende colores políticos, más de setenta intendentes bonaerenses han puesto el foco en la crítica situación financiera que atraviesan sus distritos. La prioridad, aseguran, ya no son las obras públicas, sino lo más elemental: garantizar el pago de sueldos, aguinaldos y la continuidad de los servicios básicos que llegan directamente al vecino, el primer mostrador de la gestión.

La demanda central es que el 30% de los fondos coparticipables, que hoy están bajo la lupa de una comisión legislativa, se conviertan en dinero de libre disponibilidad. “Muchos ni siquiera saben cómo van a hacer para pagar los aguinaldos”, sentenció uno de los jefes comunales, reflejando una angustia que se replica a lo largo y ancho de la provincia.

Ese porcentaje, aunque no se especifique una cifra total, representa una porción vital que, si se liberara, podría significar el pago de salarios de miles de empleados municipales por varios meses, o la compra de cientos de patrulleros para la seguridad local, o el mantenimiento de decenas de escuelas.

Este dinero en disputa proviene del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM), que a su vez se nutre del 8% de la toma de deuda provincial. Por normativa, ese 30% debería ser gestionado y fiscalizado por la Comisión Bicameral de Seguimiento, Fiscalización y Control, un organismo clave para la transparencia y el equilibrio de poderes.

La disputa con Magario y la “excusa” del Senado

Sin embargo, la burocracia y las internas políticas han frenado en seco esta posibilidad. Mientras la Cámara de Diputados ya designó a sus siete representantes para integrar la Bicameral, incluyendo figuras de peso como Mariano Cascallares, Juan Pablo De Jesús y Mayra Mendoza, el Senado bonaerense permanece en un punto muerto.

Las disputas internas en la Cámara Alta han paralizado no solo la conformación de esta comisión, sino la actividad legislativa en general, dejando al aire el nombramiento de los cinco senadores que deberían completar el cuerpo. Esta inacción genera una “traba burocrática” que, según los intendentes, les impide usar herramientas reales para paliar la crisis.

Ante este escenario, la bancada de la Unión Cívica Radical en Diputados, presidida por Alejandra Lordén, ha tomado la bandera de la causa. Con el respaldo del Foro de Intendentes boina blanca, que lidera el rauchense Maximiliano Suescun, presentaron una iniciativa para que el 30% de esos fondos sea 100% de libre disponibilidad, buscando una solución urgente para sus pares y para la provincia.

La interna radical en la discusión legislativa

Que el proyecto haya salido del despacho de Lordén despertó todo tipo de elucubraciones en los pasillos legislativos. Es que la diputada llevó la voz de los intendentes radicales a las demandas de la Legislatura con un claro mensaje al sector de Maximiliano Abad.

Es que Diego Garciarena, jefe de la bancada UCR + Cambio Federal quedó expuesto en el reclamo de los intendentes y fue uno de los dirigentes que, junto al cristinismo, marcó parte de la discusión por el plan de fondos coparticipables.