Lo que comenzó como una queja aislada en las tranqueras se ha transformado en una "bola de nieve" judicial que amenaza las arcas de varios municipios bonaerenses.
Productores nucleados en las Sociedades Rurales del Sudeste se reunieron en Rauch para definir una estrategia legal conjunta ante el histórico reclamo por el abandono de los caminos rurales.
El diagnóstico es uniforme en la región: las comunas cobran la tasa vial pero los recursos no vuelven al barro, una falta de contraprestación que la Justicia ya empezó a castigar con fallos contundentes.
El antecedente que encendió las alarmas en los palacios municipales son las recientes victorias judiciales en Azul y Daireaux. En ambos distritos, los tribunales obligaron a las comunas a devolver el dinero cobrado a los productores tras comprobarse que los servicios de mantenimiento eran inexistentes o deficientes.
Bajo el precepto jurídico de que "toda tasa debe tener una contraprestación efectiva", los abogados Jorge Moroni y Pablo Abdón Torres Barthe ya han logrado también que distritos como Hipólito Yrigoyen y Baradero sean obligados a transparentar en qué se gasta exactamente el dinero recaudado.
En el cónclave de Rauch, del que participaron representantes de 16 distritos, se debatió la viabilidad de iniciar demandas masivas. La lista de municipios "en la mira" incluye a Rauch, General Alvarado, Necochea, General Pueyrredón y General Guido, donde el malestar de los ruralistas ha llegado a un punto de no retorno. Aunque algunas Rurales intentaron primero la vía política —como el proyecto fallido para eliminar la tasa en Rauch—, la decisión ahora parece ser agotar las instancias administrativas para luego saltar directamente a los tribunales.