Reclamos por el salario social y señales que endurecen el tono hacia Kicillof

El Auditorio de la Cámara de Diputados bonaerense fue sede del conversatorio “En defensa del VAT - Salario Social Complementario”, en un contexto atravesado por la tensión en torno a los recortes de programas sociales. El encuentro también dejó entrever diferencias internas dentro del oficialismo.

Allí, la diputada Cintia Romero, del Frente Patria Grande, señaló que el encuentro apuntó a rechazar la reducción del programa y el avance de un proceso de desfinanciamiento de las políticas sociales. También defendió el esquema del salario complementario como sostén del trabajo en los barrios.

"Decisión indignante"

Desde el Frente de Izquierda, Christian "Chipi" Castillo apoyó el planteo general y calificó  como “indignante” las medidas de Milei. También cuestionó el monto del beneficio y lo enmarcó en un esquema de ajuste más amplio.

Según planteó, ese proceso impacta de lleno en los sectores de menores ingresos, en un contexto de deterioro de las condiciones sociales.

Por su parte, la diputada Noelia Saavedra puso el foco en el rol de las trabajadoras de la economía popular en la organización comunitaria. Señaló que la reducción de estos programas afecta las redes barriales, especialmente en el conurbano bonaerense.

En el marco del reclamo contra la administración de Javier Milei, el jefe del bloque de diputados de Fuerza Patria, Facundo Tignanelli, dejó un mensaje con lectura interna dentro del oficialismo bonaerense.

Señaló que es “una obligación política y moral” acompañar a la provincia de Buenos Aires en el reclamo por fondos que, según afirmó, la Nación adeuda.

Dicho esto, advirtió que su falta pone en riesgo programas como el Mesa Bonaerense y llamó a medidas paliativas. Destacó además la iniciativa de Mario Ishii para declarar la emergencia alimentaria en la provincia.

Según se expuso, el programa mantiene el ingreso congelado en 78 mil pesos desde hace tres años. En ese marco, se advirtió que la mayor parte de los beneficiarios reside en la provincia de Buenos Aires, donde la reducción tendría impacto directo en el consumo de los barrios populares.