A poco más de cinco años de la partida del máximo ídolo del fútbol mundial, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro abre hoy las puertas de un proceso judicial que busca, por segunda vez, determinar las responsabilidades penales en torno a la muerte de Diego Armando Maradona.
Tras el escándalo que invalidó el primer juicio el año pasado, el debate se reinicia bajo una lupa social y mediática extrema, con el objetivo de arrojar luz sobre las presuntas negligencias ocurridas en la casa del barrio San Andrés de Tigre.
Siete profesionales de la salud vuelven a sentarse en el banquillo, enfrentando la grave acusación de homicidio simple con dolo eventual, con penas de 8 a 25 años.
La fiscalía sostiene que los acusados se representaron la posibilidad de la muerte de Maradona ante la precariedad de la atención y, aun así, no hicieron nada para evitarla.
El camino hacia este 14 de abril estuvo marcado por una irregularidad institucional sin precedentes. En 2025, la Cámara de Apelaciones declaró la nulidad total del primer juicio.
El motivo fue la destitución de la jueza Julieta Makintach, tras descubrirse que había permitido la filmación de un documental titulado “Justicia Divina" dentro de la sala sin avisar a las partes. Este quiebre de las garantías procesales obligó a foja cero, prolongando el dolor de la familia y la incertidumbre legal.