La guerra por el control de la infraestructura vial sumó un capítulo explosivo este fin de semana. El Ministerio de Economía de la Nación, conducido por Luis Caputo, emitió un dictamen que recomienda la "desestimación de la oferta" de Aubasa, la empresa estatal de la Provincia de Buenos Aires, para la concesión de 1.350 kilómetros de rutas federales.
Para la gobernación de Axel Kicillof, se trata de una maniobra arbitraria para impedir que el Estado bonaerense gestione corredores estratégicos.
Desde el Ministerio de Infraestructura, liderado por Gabriel Katopodis, denuncian que Nación "cambió las reglas de juego sobre la marcha" para favorecer a intereses privados.
Nación fundamentó la exclusión en que Aubasa no acreditó experiencia técnica mediante “ejecución directa” de obras. La Provincia retruca que el pliego original solo exigía certificaciones de contratos emitidas por autoridades competentes, un requisito que la empresa vial bonaerense cumple holgadamente al gestionar el Corredor del Atlántico.
“Es un argumento ridiculo”, argumentaron desde el Gobierno bonaerense y el propio ministro de Gobierno, Carlos Bianco, confirmó que “vamos a impugnar las licitaciones y que se reconsideren las ofertas que hizo la empresa AUBASA”
Aubasa presentará un recurso legal para frenar el dictamen. “Demuestra que la decisión se basa en criterios arbitrarios, afectando la transparencia y legalidad”, señalaron desde la firma estatal.
El negocio es multimillonario: implica una inversión de $170 mil millones en dos años y la posterior recaudación de peajes en tramos críticos como la *Ruta 3* (Cañuelas-Bahía Blanca), la Ruta 5 (Luján-La Pampa) y la Autopista Riccheri.
La descalificación de Aubasa no es un hecho aislado, sino que se inscribe en el enfrentamiento total entre Kicillof y Javier Milei. Esta movida ocurre mientras la Provincia reclama ante la Corte Suprema por los $22 billones de pesos en fondos adeudados por Nación.
Mañana martes, Katopodis encabezará una movilización de intendentes hacia el Palacio de Hacienda para exigir que se retomen las obras paralizadas, financiadas precisamente con el impuesto a los combustibles.
Mientras Milei impulsa la privatización total de las rutas bajo la Red Federal de Concesiones, Kicillof defiende a Aubasa como un modelo de eficiencia estatal que actualmente ejecuta repavimentaciones en la Autovía 2.