Elisa Carrió, la inoxidable referente de la Coalición Cívica, volvió a encender la mecha de la polémica con una serie de declaraciones que sacudieron el tablero político. Con su estilo frontal y sin concesiones, "Lilita" apuntó sus dardos más venenosos contra figuras clave del gobierno libertario: el vocero Manuel Adorni, el presidente Javier Milei y hasta su hermana Karina, la secretaria general de la Presidencia.
Su intervención, en una entrevista televisiva, no solo puso en tela de juicio la integridad de los funcionarios, sino que también reavivó el debate sobre la transparencia y la dirección del país.
El blanco principal de su embestida fue Manuel Adorni, a quien Carrió minimizó con contundencia. “¿Quién es Adorni? Nadie sabe”, sentenció la exdiputada, calificándolo de “desconocido” y de alguien que inspira “poca seriedad”.
Pero su crítica no quedó en el plano personal. Carrió puso bajo un manto de sospecha el patrimonio del vocero, específicamente la adquisición de inmuebles que hoy lo tienen en el centro de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.
La dirigente dejó en claro que, si bien un crédito hipotecario es legal, ciertas operaciones del funcionario son, cuanto menos, “muy raras”.
La lupa judicial sobre Adorni se intensifica día a día. El fiscal federal Gerardo Pollicita, en quien Carrió depositó su confianza, ordenó nuevas medidas de prueba para esclarecer los movimientos financieros vinculados a dos propiedades adquiridas por el vocero, que también involucran a su esposa, Bettina Angeletti.
Carrió hizo hincapié en las “transferencias con mujeres jubiladas e hipotecas privadas” en el contexto de un sueldo de 2,8 millones de pesos. Este monto, para ponerlo en perspectiva, equivale a lo que un trabajador promedio con un salario de 500.000 pesos mensuales tardaría casi seis meses en ganar, o más de la mitad del salario anual de un docente con varios años de antigüedad. La exlegisladora fue tajante: “que lo determine la Justicia”.