POLíTICA | 31 MAR 2026
ADORNIGATE
La compra del departamento de Adorni complica al Gobierno
La adquisición de un departamento por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con una hipoteca de origen incierto, desató un escándalo político y judicial que pone en jaque su continuidad. Dos supuestas acreedoras niegan conocerlo, mientras la Justicia investiga el origen de los fondos y el Gobierno se esfuerza por mantener la calma.
El “Adornigate” sigue sumando capítulos y tensiona la permanencia de Manuel Adorni en el Gobierno. La situación patrimonial del jefe de Gabinete volvió al centro de la escena política tras la revelación de una operación inmobiliaria que combina un financiamiento atípico, la falta de explicaciones públicas y nuevas inconsistencias en los registros oficiales, generando un considerable ruido político y judicial en Balcarce 50.
El eje de la controversia es la compra de un departamento de casi 200 metros cuadrados con cochera en el barrio porteño de Caballito, concretada el 18 de noviembre de 2025. El inmueble, ubicado sobre la calle Miró, en una zona de alta valorización, fue declarado por un valor de USD 230.000, una cifra que ya de por sí generó interrogantes.
Lo verdaderamente singular y lo que encendió todas las alarmas es que la operación incluyó una hipoteca no bancaria por USD 200.000, es decir, cerca del 90% del valor total. Este financiamiento no provino de una entidad financiera tradicional, sino de dos personas físicas: Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, quienes figuran como acreedoras en partes iguales de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti.
Para ponerlo en perspectiva, la hipoteca de USD 200.000 que disparó las alarmas equivale a más de 33 años de salario promedio de un trabajador argentino, o a la compra de al menos cuatro patrulleros de última generación para reforzar la seguridad.
Lo más preocupante es que ambas mujeres negaron a los micrófono de La Nación conocer al funcionario, una declaración que complicó aún más la trama.
El esquema de la operación agrega otro elemento llamativo. Las supuestas acreedoras habían adquirido esa misma propiedad apenas unos meses antes, en abril de 2025. Es decir, compraron el inmueble y luego lo vendieron financiando casi la totalidad del monto a los nuevos propietarios, una modalidad poco habitual y que despierta sospechas en el mercado formal.
