El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, atraviesa un momento de fuerte tensión de cara a la apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura, en medio de desacuerdos con los gremios docentes por la negociación salarial.
El mandatario busca cerrar la paritaria antes de marzo, una instancia que se volvió compleja pese al respaldo político que, en mayor o menor medida, distintos sectores sindicales mantienen con su gestión.
A ese escenario se suma el paro convocado para el 2 de marzo por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), en rechazo a las políticas del gobierno nacional encabezado por Javier Milei.
La medida impacta de lleno en la provincia de Buenos Aires, ya que SUTEBA, el gremio con mayor representación en la docencia provincial, confirmó su adhesión. Sin embargo, el conflicto no se limita al plano nacional: varios sindicatos bonaerenses, incluido el propio SUTEBA, rechazaron la última oferta salarial del Ejecutivo provincial.
En ese contexto, el paro docente vuelve a poner en evidencia la discusión salarial y deja en el centro de la escena la gestión educativa bonaerense, en un año que empieza a proyectar el posicionamiento político de Kicillof hacia 2027.
La última propuesta del gobierno provincial consistió en un aumento del 3% para febrero. El ofrecimiento fue rechazado por los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), entre ellos SUTEBA, FEB, Udocba, Sadop y AMET, además de sindicatos estatales comprendidos en la ley 10.430, como UPCN y ATE.
A pesar de la negativa sindical, la Provincia decidió otorgar un incremento del 1,5% a cuenta de futuros acuerdos. Desde distintos sectores gremiales señalaron que el gobierno tiene margen hasta el 13 de marzo para cerrar la paritaria, ya que a partir de esa fecha comienza la liquidación de los salarios y el normal funcionamiento del ciclo lectivo depende, en gran medida, del resultado de la negociación.
Uno de los factores que explica la dificultad para mejorar la recomposición salarial docente es la eliminación del Fondo de Incentivo Docente (FONID), que formaba parte de la estructura salarial y tenía mayor impacto en los sueldos iniciales. Se trató de uno de los primeros recortes aplicados por la administración nacional.
La quita del FONID impactó directamente en los ingresos docentes en la provincia de Buenos Aires: en muchos casos representaba alrededor del 10% del salario total, lo que implicó una caída real en los haberes mensuales de maestros y profesores.
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