La conflictividad en el sector público nacional alcanzó un nuevo pico de tensión. Tras la media sanción de la reforma laboral en Diputados, con los cambios introducidos la semana pasada, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció que elevará la apuesta: el plan de lucha ahora consiste en un paro nacional de 36 horas que comenzará este martes e incluirá una movilización masiva al congreso.
La decisión, liderada por Rodolfo Aguiar, responde a lo que el gremio califica como una “medida inédita y criminal”: La supuesta decisión del gobierno de aplicar recortes directos en los salarios de febrero.
Según denunció ATE, el gobierno nacional pretende no pagar rubros específicos del salario que, en la práctica, representan una rebaja de bolsillo superior a los $50.000 por agente.
Aguiar denunció que el ejecutivo planea privar a los trabajadores del cobro del “premio estímulo a la asistencia” y otros adicionales. Además, desde el gremio sostienen que el poder de compra de los estatales cayó un 45,3% bajo la gestión de Javier Milei y que la paritaria está “clausurada de mala fe” desde diciembre de 2025.
Por su parte, desde Casa Rosada ratificaron que se descontará el día, y la parte proporcional del presentismo, a todo aquel que se adhiera a la medida de fuerza, lo que retroalimenta la escalada del conflicto.