La Provincia presentó un informe técnico-político contra la Reforma Laboral

El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, y el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, encabezaron la presentación del documento “razones por las cuales la provincia de buenos aires rechaza este proyecto de modernización laboral”.

Ante una audiencia compuesta por sindicatos, pymes y abogados laboralistas, los funcionarios expusieron un informe de 60 páginas que denuncia que la iniciativa del gobierno nacional busca “retrotraer al trabajador al siglo xix”.

El documento advierte que la sanción de la norma en el Senado, prevista para este miércoles 11 de febrer, provocaría una pérdida masiva de derechos, la precarización extrema del empleo y el desfinanciamiento del sistema de seguridad social, calificando al proyecto como “inconstitucional” y “regresivo”.

La presentación bonaerense se produce en un clima de extrema tensión legislativa, mientras el oficialismo nacional asegura tener los votos necesarios para aprobar la ley.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">La reforma laboral impulsada por Milei significa pérdida de derechos y precarización para las y los trabajadores argentinos. Desde la Provincia le decimos no a este ataque contra la clase trabajadora y el bienestar de nuestro pueblo. <a href="https://t.co/jwvpQfBo2t">pic.twitter.com/jwvpQfBo2t</a></p>&mdash; Carli Bianco (@Carli_Bianco) <a href="https://twitter.com/Carli_Bianco/status/2021045597277716959?ref_src=twsrc%5Etfw">February 10, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Para el gobernador Axel Kicillof, este informe no es solo una pieza académica, sino una herramienta de resistencia política: el documento estima que la reforma implicaría un recorte adicional de $400.000 millones para las arcas de la provincia debido al componente fiscal que reduce recursos coparticipables.

Durante el acto en el salón dorado, Walter Correa fue tajante al señalar que el proyecto nacional no es una “modernización”, sino un ataque directo al modelo sindical argentino y al rol del estado como garante de la justicia social, vinculando la propuesta con las políticas de flexibilización de la última dictadura militar y la década del 90.