La empresa Lustramax, ubicada en el parque industrial de tortuguitas, se ha convertido en el epicentro de un agudo conflicto sindical que trascendió los portones de la planta para trasladarse a la autopista panamericana.
Mientras, el Gobierno de Javier Milei definió que el conflicto se desagote a través de la intervención de Gendarmería, que acudió a la fábrica para desalojar a los trabajadores despedidos que permanecían en el lugar.
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">La empresa Lustramax cerró por tiempo indeterminado a la espera de la orden judicial de desalojo. Quedaron adentro del playón los usurpadores promovidos por Myriam Bregman. Cualquier cosa que suceda en la empresa es responsabilidad de ellos. <a href="https://t.co/E8nNihxBdh">pic.twitter.com/E8nNihxBdh</a></p>— María Florencia Arietto 🇦🇷 (@florenciarietto) <a href="https://twitter.com/florenciarietto/status/2011540295188693443?ref_src=twsrc%5Etfw">January 14, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
La disputa combina reclamos gremiales básicos con una batalla judicial de trasfondo ideológico. El conflicto escaló esta semana luego de que la firma rechazara acatar la conciliación obligatoria dictada por el ministerio de trabajo de la provincia de buenos aires, que ordenaba la reincorporación inmediata de los cesanteados.
La intervención de la senadora libertaria, Florencia Arietto, quien denunció penalmente a los trabajadores por “bloqueo”, ha sumado un alto voltaje político a la disputa.
En ese contexto, los trabajadores y dirigentes del Frente de Izquierda que permanecen junto a los despedidos calificaron como “fraudulento” el Procedimiento Preventivo de Crisis presentado por la empresa ante el Ministerio de Capital Humano, argumentando que los balances de los últimos tres años arrojaron ganancias millonarias, alcanzando un patrimonio neto de más de $11.000 millones en 2024.
En este contexto, acusan a Florencia Arietto de actuar como asesora de la patronal y de "empujar" el incumplimiento de las resoluciones ministeriales.
La senadora, por su parte, sostiene que la protesta es una "toma ilegal" que pone en riesgo 200 puestos de trabajo y ha iniciado acciones judiciales en la UFI 19 de Malvinas Argentinas para desalojar la permanencia que mantienen los operarios en la planta.