Los libertarios apuestan a una Reforma Electoral y piensan en la Boleta Única de Papel

Los bloques de La Libertad Avanza (LLA) han comenzado a esbozar una estrategia de negociación con el peronismo: están dispuestos a acompañar el regreso de las reelecciones indefinidas, un viejo anhelo de los intendentes que el gobernador Axel Kicillof ya decidió impulsar, a cambio de que se imponga definitivamente la Boleta Única de Papel en todos los comicios provinciales.

Para los libertarios, esta es la herramienta clave para “darle el poder al ciudadano” y terminar con el tradicional sistema de boleta partidaria que favorece a las estructuras territoriales más grandes.

La discusión surge en un momento de necesidad mutua. En la provincia existen 82 intendentes de todos los signos políticos (peronistas, radicales, del PRO y libertarios) que, bajo la ley actual, no podrían presentarse a un nuevo mandato en 2027.

Kicillof y un sector del peronismo consideran que la restricción es “proscriptiva”, pero para avanzar con su derogación necesitan los votos que hoy no tienen por sí solos debido a las fracturas internas con La Cámpora.

Por su parte, los legisladores de Javier Milei ven en la Boleta Única su mayor activo electoral; los resultados de 2025 así lo demuestran: el oficialismo provincial se impuso con la boleta tradicional en las desdobladas de septiembre, pero cayó derrotado en las nacionales de octubre cuando se utilizó la Boleta Única.

Los tres ejes de la posible reforma electoral 2026

Además de las reelecciones y el sistema de votación, la reforma que se cocina en los pasillos de la Legislatura incluye un tercer punto de alta sensibilidad: la actualización de las bancas por sección electoral.

Este reclamo, impulsado paradójicamente por sectores de La Cámpora, busca corregir la subrepresentación del Conurbano frente al interior de la provincia, que hoy cuenta con una mayor proporción de legisladores en relación a su población.

Al ser 2026 un año no electoral, los libertarios consideran que es el momento ideal para fijar las nuevas reglas de juego y evitar el caos de 2025, cuando las normas se modificaron apenas meses antes de los comicios, rompiendo una tradición histórica de previsibilidad institucional en el distrito.

La negociación busca un consenso que atienda las necesidades de supervivencia política de los intendentes y la agenda de “transparencia” de la oposición.