La Justicia le puso un freno a la motosierra y falló a favor de las universidades

La Justicia federal dispuso que el Gobierno nacional cumpla de inmediato con los artículos 5° y 6° de la Ley 27.795, tras admitir una medida cautelar solicitada por el Consejo Interuniversitario Nacional. La resolución suspende provisoriamente el decreto presidencial que había condicionado su aplicación.

El fallo, dictado por el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, declaró inaplicable el decreto y ordenó la actualización de salarios docentes y no docentes, junto con la recomposición y actualización automática de las becas estudiantiles.

Entre los fundamentos, el juez Martín Cormick señaló que el Congreso insistió con la ley mediante la mayoría agravada prevista por la Constitución, lo que obliga al Poder Ejecutivo a cumplirla. Según la resolución, una ley válida no puede ser suspendida por decreto.

El tribunal remarcó que la falta de actualización salarial y de becas genera un perjuicio grave y actual por la pérdida del poder adquisitivo. Ese daño, sostuvo, no puede repararse más adelante si no se actúa de manera inmediata.

Además, relativizó el argumento fiscal del Gobierno y estimó que el impacto presupuestario de la ley equivale al 0,23% del PBI, un costo considerado reducido frente al total del gasto estatal.

La resolución también vinculó la cuestión presupuestaria con derechos constitucionales básicos, como enseñar y aprender, y con estándares de derechos humanos. En ese marco, advirtió que el decreto cuestionado invade facultades del Congreso.

“Se encontraría conformado un supuesto de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”,  concluyó el juez al entender que la lesión de derechos surge de forma clara e inequívoca de un acto del Poder Ejecutivo.